Rafael Romero
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón, no podía ocultar este último viernes su insatisfacción al comprobar cómo las bancadas de Gana Perú y Perú Posible boicoteaban el quórum reglamentario para sesionar, debido a la ausencia forzada de sus integrantes para no ocuparse del escándalo que rodea al ya indefendible Alejandro Toledo.
Este descarado blindaje deja muy mal parado el poco prestigio de la alianza del Partido Nacionalista y el toledismo, ya que no solo contrasta con el malestar de algunos diputados costarricenses que piden la presencia del fundador de Perú Posible en su país, para esclarecer las monumentales contradicciones de Toledo que presenta a Costa Rica como un nuevo paraíso fiscal, sino porque subestima la inteligencia de los parlamentarios de oposición y a la opinión pública de nuestra nación.
Con mucha razón el congresista Julio Gagó ha recordado que fue el propio Toledo quien dijo que si se probaba que él intervino de cualquier forma para constituir Ecoteva Consulting Group, renunciaría a la política –y todo esto está grabado−, pero hoy se hace el despeinado y no dice una sola palabra ante la confesión del abogado Melvin Rudelman, quien confirmó los encuentros que sostuvo con el líder de la “chakana” para conformar dicha empresa. Es más, la naturaleza ilícita del lavado de activos hace que este delito no solo se configure con actos en un solo país, sino ante una cadena de hechos como los que rodean las millonarias compras inmobiliarias de la suegra del ex presidente.
Es la hora en la cual se debería dar un paso al costado para no reeditar el vergonzoso episodio de cuando un cogollo de “chakanos” blindó a Toledo ante al escándalo Zaraí, calificándolo de “complot montesinista”. A los integrantes de Perú Posible les toca diferenciar claramente que una cosa es la lealtad y otra muy distinta es ser escuderos con vocación de bonzos.
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