lunes, 22 de julio de 2013

Inmejorable propuesta del CAL

Rafael Romero

Ha surgido una meridiana e inmejorable propuesta que el Congreso debería considerar. Raúl Chanamé Orbe, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), ha postulado al doctor Gastón Soto Vallenas como candidato a ocupar la Defensoría del Pueblo (DP), y lo ha hecho respaldado por la institución que dirige y a la que en año y medio ha revitalizado ejemplarmente.
De este modo el CAL le dice al país que sí existen profesionales de primer nivel para los cargos públicos, así como trayectorias personales que cuentan con el debido respaldo moral y académico, perfil que se requiere para conducir una entidad de la importancia de la DP. Por tanto, si realmente todavía queda sensatez en las bancadas parlamentarias, he aquí un aporte o una salida al actual entuerto congresal, por lo menos en cuanto se vincula a la mencionada entidad que debe velar por los derechos del ciudadano frente a la arbitrariedad de la administración pública o a los excesos del Estado.
El doctor Gastón Soto Vallenas es en este momento una de las personas con mayor conocimiento de la labor jurisdiccional y el derecho, con vasta experiencia en la administración de justicia, además de haber sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y es también muy apreciado y querido en las aulas universitarias, no solo del Perú sino también del extranjero, habiendo liderado el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Precisamente, el foro y la cátedra dan fe de sus convicciones morales y de su compromiso con la verdad, la justicia y los valores, tal como lo demostró cuando se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
En suma, hay que saludar al CAL y a su decano Raúl Chanamé, quien a la sazón es presidente de los Colegios de Abogados del Perú, por la postulación que han planteado en un momento tan delicado, y donde la mayoría de congresistas –tanto del oficialismo como de la oposición– evidenció que solo tratan a la institucionalidad del país como si fuese un vulgar botín. Es más, en esta coyuntura también deberíamos instar a este Colegio a fin de que proponga a los mejores profesionales del derecho para reemplazar a los seis magistrados cuyos períodos de función vencieron en el Tribunal Constitucional. El Partido Nacionalista, Fuerza Popular, el PPC y sus aliados –todos responsables de este desaguisado– tienen la palabra.

lunes, 15 de julio de 2013

Bonos de la reforma agraria

Rafael Romero

Si se habla de la deuda interna del Perú, no hay que discriminar a los expropiados de la denominada reforma agraria, decisión política que fue arbitraria y ejecutada manu militari por el dictador Juan Velasco Alvarado. El Estado debe y tiene que honrar esta deuda, generada a partir de un despojo que hasta el día de hoy no ha sido realmente justipreciado ni indemnizado.
Pero, ¿cómo hacerlo? Parafraseando a Haya de la Torre: He ahí la gran cuestión. En este caso, que tiene tantos años de embrollo, se debe ir paso por paso a fin de que prime el estado de derecho y la seguridad jurídica. Sabemos que la mayoría de hacendados de finales de los años sesenta ya fallecieron a la fecha, y ahora son sus herederos los que quieren justicia.
En tal sentido, a los todavía sobrevivientes o a los causahabientes, que se vieron afectados directamente por el úcase velasquista, se les debe indemnizar sin demora, para lo cual el Tribunal Constitucional tiene que precisar el mecanismo que defina el monto a pagar.
Cabe recordar en este largo camino, el hecho por el cual se afirma que un grupo de funcionarios del MEF, coludidos con políticos oportunistas, buscó a inicios de los años noventa y a finales de la última década del siglo pasado concretar un lobby, sobre la base de la información privilegiada que manejaban, procediendo con triquiñuelas a asustar y desanimar a algunos expropiados de la reforma agraria con el objetivo de que vendieran a precio vil sus bonos a los especuladores nacionales y extranjeros. Lo paradójico es que hoy, y con acierto, es el propio Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, quien le enmienda la plana a esos otrora tecnócratas y lobistas, al señalar que un pago general sería “muy delicado”, pues haría peligrar el equilibrio presupuestal del país.
En consecuencia, Castilla le reclama ponderación al TC, tal como lo hiciera hace unos días el propio jefe de Estado. Y si bien el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ya se reunió cordialmente con el titular del TC, Óscar Urviola, para limar cualquiera mala interpretación, hoy esta magistratura constitucional considera que podría ayudar a actualizar el valor de esos bonos; pero al final se necesitará del concurso de todos para priorizar la cancelación de la deuda en función de la disponibilidad de la caja fiscal, comenzando a honrarse el pago a los originarios tenedores de bonos o sus herederos. Esto no puede esperar más porque no es justo ni legal tanto retraso.

sábado, 6 de julio de 2013

Nadine Heredia Alarcón

Nadine: democrática rectificación

Rafael Romero

Ciudadana y primera Dama de la nación, ha dado un paso importante al declarar que descarta de plano su postulación a la presidencia de la República. A renglón seguido, también aseguró ante los medios de comunicación que no presentará acción legal ni recurso alguno orientado a despejarle el camino a una candidatura en el 2016, para pretender ocupar nada menos que el sillón de su esposo, el jefe del Estado Ollanta Humala Tasso.

Esta declaración es una saludable y democrática rectificación, pues para nadie era un secreto el hecho notorio de querer ser la pieza de recambio del denominado “nacionalismo” y al más alto nivel. Además las actitudes y el comportamiento de Nadine Heredia lo evidenciaron en todo este tiempo, así como la fanfarria de su entorno partidario, parlamentario, palaciego y burocrático más cercano. Pero para llegar a esta decisión ha pesado mucho el grado de madurez de amplios sectores populares y ciudadanos que rechazaros esta suerte de “reelección presidencial”, tal como la catalogó el expresidente Alan García.

Asimismo hay que saludar y felicitar la sensatez en Palacio de Gobierno, ya que al final muchos se convencieron que existe un claro impedimento legal a esa postulación y que las leyes deben respetarse, sin dejar de lado –claro está− lo burdo que resultaba promover una candidatura con el dinero de todos los peruanos, pues hubiera sido difícil desprender una campaña electoral del actual cargo honorífico que ocupa Heredia, al cruzarse presupuestos públicos que lo financian, como por ejemplo viajes, logística o las subvenciones estatales al personal que le asiste en calidad de asesores, de seguridad personal, entre otros egresos por más mínimos que estos parezcan.

La primera Dama es una persona joven, de 37 años de edad, con cualidades innegables de liderazgo, que tiene por delante el reto de mantener en carrera al Partido Nacionalista, del cual es fundadora y dirigente activa, por lo que debería esperar su oportunidad y tranquilamente proyectarse como candidata en el 2021.


De esta manera se va clarificando el contexto electoral del 2016, donde llegarán políticos muy golpeados como Alan García y Alejandro Toledo, mientras que seguramente aparecerán otros que conjuguen y representen la esperanza contra la corrupción, como por ejemplo Ricardo Belmont, si es que decide postular a la presidencia ya que las circunstancias son distintas a las de 1995, cuando le robaron la elección.

miércoles, 3 de julio de 2013

Reelección conyugal divide al TC - 04/05/2013

Reelección conyugal divide al TC

Rafael Romero

Desde que magistrados como Ernesto Álvarez, del Tribunal Constitucional (TC), o el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, expresaron motu proprio que la primera dama, Nadine Heredia, no tenía impedimento constitucional para postular a la presidencia, nadie hasta ahora había hablado tan claro como lo ha hecho el ex presidente del TC, Carlos Mesía, quien ha precisado que ya venció el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la ley que impide que ella pueda candidatear en el 2016.
Ahora bien, se supone que este impedimento ya debe habérselo digerido el oficialismo, pero no solo masticarlo sino que tendría que ser consciente de que Heredia jamás debería imponerse como candidata, desde el poder de turno, ni tampoco ser el pretexto para torcer las reglas del juego electoral ya establecidas. Pero Carlos Mesía también ponderó acerca de la imposibilidad de que ella presente su inscripción ante los órganos electorales, hecho que de producirse no tendría más remedio que ser rechazado por el JNE, si este actúa de acuerdo a ley. 
Asimismo, según Mesía, “si bien la Constitución no lo prohíbe (postular a la presidencia), eso no significa que lo permite” y si interpretamos la funcionalidad de la Carta Política, veremos que nuestro país ha sido uno de los más antirreeleccionista. Así lo han determinado todas las Constituciones; pero lo concreto es que el TC ya no puede ver el caso, pues el período para presentar las acciones de inconstitucionalidad contra la ley que obstaculiza hoy a la consorte del jefe de Estado ser candidata, ya venció. Entonces todo apuntaría a que la actual primera dama tendría una salida alternativa para presentar su candidatura. Y en este contexto, sólo si el JNE le dice a Nadine que no puede ser candidata, entonces recién el camino quedaría expedito para que ella presente una acción de amparo.
No obstante, hasta esa supuesta acción de amparo conllevaría una grave dificultad, dado que un amparo demora hasta dos años para llegar al TC, tornándose difícil todo esto por la llegada de las elecciones del 2016. De manera que en el seno del JNE se definiría la suerte electoral de la actual primera dama, frente a lo cual, lo más sensato ya mismo sería que los jueces del ente electoral rechacen, de acuerdo a ley, ese tipo de candidaturas nacidas con fórceps, y esto para que se mantengan totalmente imparciales y dignos frente a las presiones palaciegas que nunca faltan. En suma, ante un Álvarez pro-Nadine, le ha salido al frente un Mesía anti-Nadine. ¿Qué opinará el resto de miembros del TC?.

La madre trabajadora - 11/05/2013

La madre trabajadora

Rafael Romero

La sociedad entera debe reflexionar en fechas como la de hoy, cuando se conmemora el Día de la Madre, sobre todo porque son cada vez más las mujeres que no solo son amas de casa sino que tienen que duplicar esfuerzos para trabajar en entidades públicas o privadas; y, cuándo no, también buscar algún trabajo independiente que les permita contribuir a paliar los gastos de la canasta familiar –y la cosa es peor cuando se trata de madres solteras−. En medio de este contexto, resulta lamentable que existan muchas madres talentosas, con proyectos de emprendimiento a cuestas, pero quienes no tienen la posibilidad de recibir algún estímulo o aliciente por parte del Estado, como para hacerlos realidad.
En esto Chile tiene un programa avanzado, formulado por el Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo el denominado “Bono al Trabajo de la Mujer”, que consiste en la entrega de un monto para premiar el esfuerzo de las mujeres y jefas del hogar de las familias más vulnerables que se incorporan al mercado laboral; y es de tal magnitud que este año beneficiará a 250 mil mujeres trabajadoras.
Ahora, para que una mujer reciba este bono, la persona debe tener entre 25 y 59 años, contar con ficha de protección social y pertenecer al 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población. Además, el Bono al Trabajo de la Mujer entrega una cantidad de dinero al empleador, lo que influye positivamente en la contratación de mujeres que pertenecen a esos sectores sociales.
El monto de este bono se calcula en función de los ingresos, siendo los requisitos para aplicar, los siguientes: ser mujer trabajadora dependiente regida por el Código de Trabajo o bien trabajadora independiente, y tener las cotizaciones previsionales al día; tener entre 25 y 59 años de edad; tener ficha de protección social vigente; pertenecer al 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población, lo que depende del puntaje de la ficha de protección social y del ingreso familiar de la postulante. Una característica importante a destacar es que este bono está prohibido a los funcionarios o empleadores estatales o municipales.
Finalmente, cabe señalar que este pago a las mujeres trabajadoras de Chile dura cuatro años a partir del mes de presentada la solicitud, y si la trabajadora es despedida antes de este período, en su nuevo trabajo no necesitará volver a postular a este beneficio, bastando solo la verificación del pago de las respectivas cotizaciones previsionales por parte del nuevo empleador. Señores, mientras esto ocurre en Chile, ¿tenemos en el Perú algún programa social similar? Feliz Día a la madre trabajadora peruana.

sábado, 29 de junio de 2013

Solo en el Perù

Rafael Romero 

El caso que va a conocer, si hasta hoy no sabía nada de él, se refiere a una acción de amparo en nuestro país que ya dura doce años y medio. Así como lo lee, un amparo de más de una década reavivado desde las sombras por un poderoso grupo extranjero (mexicano) que viene bancando a la familia Mendoza, de Arequipa. Este asunto ya desbordó toda esfera privada y se convierte en un affaire que merece la atención inmediata de las autoridades no involucradas hasta ahora y de la opinión pública.

Sucede que en el año 1997, en medio de una persecución política y judicial contra el ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, aparece la familia Mendoza, vinculada estrechamente al entonces ministro Domingo Palermo, y muy interesados en que RBC Televisión (Canal 11) les alquile la señal. La presión era tan fuerte al punto que, el padre de Ricardo, Don Augusto Belmont Bar (de 83 años), se vio compelido a aceptarlos como inquilinos al ver a su hijo perseguido, tratando de aliviar así el peso que representaba defender al fundador de Habla el Pueblo y a la vez atender los asuntos del Canal victoriano. Hoy recién se tiene clara la fotografía de ese momento.

Los inquilinos aparecieron bajo el nombre de la empresa Austral. Corrían los meses y los años hasta que al caer Fujimori y Montesimos algo pasó, y Austral comenzó a tener problemas de pago acumulándose una merced conductiva no cancelada a RBC TV que superó US$ 1’853,000, por lo que el propietario recurrió a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, tal como lo contemplaba el contrato de alquiler. Canal 11 ganó el arbitraje, cuyo fallo tiene la calidad de cosa juzgada, sin embargo los inquilinos, es decir la familia Mendoza, orquestaron desde Arequipa una acción de amparo el año 2001.

¿Y quién interpuso ese amparo? Era un tercero, de nombre Crasa, con quien RBC nunca contrató ni conocía. Lo curioso es que entre los dueños de Crasa estaban algunos miembros de la misma familia Mendoza. Ahora, como todo amparo así sea denegado en instancia judicial sigue subiendo hasta el Tribunal Constitucional, más aún cuando Lourdes Mendoza era entonces la segunda vicepresidenta de la República, el colegiado admitió el recurso. Pero, pese al poder económico y a las influencias políticas sobre el TC, los demandados (CCL, MTC y RBC televisión) cumplieron con la trilateral que dictaba la sentencia, quedando afuera las pretensiones de Austral. No obstante hoy el 10° Juzgado Civil de Arequipa demora el caso y no lo archiva. ¿A esto se le llama seguridad jurídica?

jueves, 27 de junio de 2013

Con Santos pierde Cajamarca

Rafael Romero

El actual gobierno regional de Cajamarca, bajo la batuta de Gregorio Santos, no podrá argumentar persecución alguna ni pretexto ninguno de venganza, frente a su manifiesta posición antiminera, ni nada por el estilo, por la sencilla razón de que la Contraloría General de la República ha encontrado, a partir de una fiscalización profesional, técnica y transparente, el mérito suficiente para interponer una denuncia penal contra cuatro funcionarios de esta administración, por los presuntos delitos de peculado doloso y malversación de fondos.
Además, esta denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, la misma que ha sido acogida sobre la base del informe del organismo superior de control, en el que se puntualizan los indicios del uso irregular de recursos públicos correspondientes al proyecto denominado “Mejora de la Calidad Educativa” en actividades políticas vinculadas al paro regional del 9 de noviembre del año 2011, desnaturalizando su finalidad que estaba orientada para capacitar a los docentes cajamarquinos. 
Sobre el particular, la Contraloría de la República detectó que los funcionarios regionales de Gregorio Santos contrataron, con los referidos fondos públicos, a personal como “facilitadores” y “coordinadores” del mencionado proyecto, pero sin que se acredite el cumplimiento de los requisitos para su desempeño. Lo más grave es que el ente superior de control también advirtió que ese personal no realizó actividades con fines educativos, puesto que se dedicaron a apoyar un paro convocado por el Frente de Defensa de la Región y el Gobierno Regional de Cajamarca contra el proyecto minero Conga. 
No obstante, aquí no terminan los problemas para la gestión izquierdista de Santos. Se suma una suerte de franca recesión en esta región, comprobándose el cierre de empresas y los despidos masivos generados por el accionar errático de Santos. Por tanto, en lo inmediato, de los cajamarquinos depende parar la anarquía y el atraso de su pueblo, no haciendo caso a los cantos de sirena de la demagogia. 

domingo, 16 de junio de 2013

Deshonor de Gana Perú y Perú Posible

Rafael Romero 

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón, no podía ocultar este último viernes su insatisfacción al comprobar cómo las bancadas de Gana Perú y Perú Posible boicoteaban el quórum reglamentario para sesionar, debido a la ausencia forzada de sus integrantes para no ocuparse del escándalo que rodea al ya indefendible Alejandro Toledo.
Este descarado blindaje deja muy mal parado el poco prestigio de la alianza del Partido Nacionalista y el toledismo, ya que no solo contrasta con el malestar de algunos diputados costarricenses que piden la presencia del fundador de Perú Posible en su país, para esclarecer las monumentales contradicciones de Toledo que presenta a Costa Rica como un nuevo paraíso fiscal, sino porque subestima la inteligencia de los parlamentarios de oposición y a la opinión pública de nuestra nación. 
Con mucha razón el congresista Julio Gagó ha recordado que fue el propio Toledo quien dijo que si se probaba que él intervino de cualquier forma para constituir Ecoteva Consulting Group, renunciaría a la política –y todo esto está grabado−, pero hoy se hace el despeinado y no dice una sola palabra ante la confesión del abogado Melvin Rudelman, quien confirmó los encuentros que sostuvo con el líder de la “chakana” para conformar dicha empresa. Es más, la naturaleza ilícita del lavado de activos hace que este delito no solo se configure con actos en un solo país, sino ante una cadena de hechos como los que rodean las millonarias compras inmobiliarias de la suegra del ex presidente. 
Es la hora en la cual se debería dar un paso al costado para no reeditar el vergonzoso episodio de cuando un cogollo de “chakanos” blindó a Toledo ante al escándalo Zaraí, calificándolo de “complot montesinista”. A los integrantes de Perú Posible les toca diferenciar claramente que una cosa es la lealtad y otra muy distinta es ser escuderos con vocación de bonzos. 


martes, 11 de junio de 2013

¿El negocio inmobiliario de Villarán?

Rafael Romero 

Cuando hay dinero, la izquierda caviar se aloca. Ayer fueron las donaciones millonarias en dólares a las ONG de derechos humanos, y ahora los recursos le caen a esta especie política zurda aupada a la actual gestión municipal. Pero el negocio inmobiliario no podía ser la excepción, por lo que la alcaldesa Susana Villarán no encontró reparo alguno en promover y firmar el Acuerdo de Concejo N° 897, que autoriza al Servicio de Parques de Lima (Serpar) la venta en subasta pública de 33 lotes de terreno con un precio base de S/. 8’142,500.
La alcaldesa sostiene que con los ingresos de esta venta, donde ella sacrifica los parques dejando la bufanda verde limón por el opaco gris cemento, se comprará una chipiadora (S/.250,000), un camión baranda (S/. 90,000), equipos para centros culturales en parques (S/. 900,000), dos motocultivadoras (S/.35,000), dos cortadoras de césped (S/.50,000), 10 motoguadaña (S/.30,000), una retroexcavadora (S/. 202,500), 150 radios de comunicación para parques (S/. 78,000), equipos para sistema de boletería (S/. 260,000) y un equipo de cómputo para parques (S/.200,000). 
Pero lo más grave es que en general los ingresos por la venta de los 33 terrenos de Serpar, según el “artículo cuarto” del Acuerdo de Concejo de marras, deberán incorporarse, “efectuando las modificaciones necesarias al Plan de Acción y Presupuesto del año 2012”, es decir consignándolos en los ingresos del año pasado. 
Esto llama a sorpresa porque, cabe preguntar a los funcionarios de Serpar, ¿cómo, no es que Serpar tenía superávit en el ejercicio 2012? ¿Por qué vender terrenos si se han llenado la boca diciendo que tienen una gestión muy eficiente y que cuentan con muchos ingresos propios, producto de los boletos que el público paga para ingresar a los antiguos parques zonales?
Ahora, los considerandos del Acuerdo de Concejo N° 897 citan una serie de normas para justificar esta venta, acaso presionado ese acuerdo por los negocios inmobiliarios que le tocan a la puerta; sin embargo, igual o más cantidad de normas existen para defender la creación y el mantenimiento de áreas verdes, parques, viveros y centros recreacionales, objetivos y deberes a los cuales está renunciando la burgomaestre y sus funcionarios en Serpar, al punto de privar, por ejemplo, de 4,541.55 m2 a “Los parques de El Agustino”, en el distrito del mismo nombre, donde es sabido no hay las suficientes áreas verdes y es de lejos la zona con más polución en el ambiente y mayor contaminación en el aire. ¿Se ha olvidado la seudo izquierda que gobierna Lima, que en nuestra capital hay un déficit de áreas verdes per cápita, muy por debajo de los estándares internacionales?

domingo, 2 de junio de 2013

La nefasta resolución 111 de Villarán

Rafael Romero


La alcaldesa izquierdista Susana Villarán ha cometido un grueso error al firmar la Resolución de Alcaldía N° 111, norma que deja expedito el camino para despilfarrar en su imagen personal la friolera de S/. 12’735,000. Asimismo es un monumental yerro entregar a dedo este monto a los medios de prensa, radio y televisión que mejor le place a ella o a su cogollo de gerentes “caviarones” que hoy conduce y manda en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Otra de las fallas en la que ha incurrido la gestión Villarán es la de considerar criterios obsoletos y mecanismos montesinistas para la contratación de publicidad, como el llamado rating de la fantasmal empresa Ibope, vale decir aceptando un andamiaje perverso constituido por normas administrativas supuestamente técnicas, y de menor rango constitucional o legal, aplicados antidemocráticamente a la medición de lectoría, sintonía radial y televisiva, con el fin de manipular a los consumidores de los medios de comunicación. Mientras tanto el puente “Bella Unión”, sobre el río Rímac, en la avenida Universitaria, se posterga otra vez más y duerme el sueño de los justos.
Adicionalmente, esta semana ha quedado demostrado en el programa “Habla el Pueblo”, a través de sendas entrevistas a los regidores Jaime Salinas, Alfredo Lozada y Jorge Villena, el desembozado oportunismo de la burgomaestre Villarán en medio de este escandaloso festín publicitario.
De modo que queda en evidencia el verdadero cariz de una gestión autodenominada “socialista”, que tomó como bandera hablar de los pobres pero que en la práctica no los defiende sino que utiliza el dinero de todos los limeños para aprobar un paquete de marketing hasta febrero del 2014, olvidando que en noviembre tenemos elecciones municipales, tiempo en el cual está restringido el alegre dispendio de publicidad estatal, en este caso el proveniente de la comuna capitalina.
Pero quiénes más son los responsables del uso de fondos públicos para beneficiar a la alcaldesa. Son los funcionarios ediles José Miguel Castro Gutiérrez (gerente general municipal); Lenny Merino Jiménez (gerente de comunicación social y relaciones públicas.); Álvaro Anicama González (gerente de fiscalización y control); Carlos Ramón Noda Yamada (gerente de asuntos jurídicos); Martín Sanabria Zambrano (gerente de finanzas); y Francisco Carbajal Zavaleta (gerente de planificación). Estos servidores públicos solo sirven a los cálculos electorales y reeleccionistas de Villarán, y olvidan cuidar el dinero de todos los contribuyentes de la gran Lima. Señor contralor de la República, usted tiene la palabra.

http://www.expreso.com.pe/blog/mas-alla-de-la-noticia-123

http://elhermanon.com/index.php/component/k2/item/1550-la-nefasta-resoluci%C3%B3n-111-de-villar%C3%A1n

sábado, 1 de junio de 2013

La burla de la pareja Toledo - Karp por Rafael Romero

No hay nada nuevo bajo el sol cuando Eliane Karp sale con uñas y dientes a defender a su marido, el ex presidente Alejandro Toledo, hombre sobre quien no se sabe hasta qué punto es víctima de los caprichos de la señora, obsesiones tan caras como la de persistir con llamadas desde el extranjero al teléfono del inteligente abogado laboralista y pintor Luis Arbulú Alva, con el objetivo de que éste le venda su residencia de la avenida Cascajal N° 709, en Las Casuarinas, Surco.

En este contexto, Karp, en lugar de ayudar a su marido a aclarar las cosas, ha disparado palabras incoherentes e histéricas desde su Facebook: “Fuerza cholito lindo. Tu coraje es el nuestro y nuestra fuerza te protege como un manto de luz. Un panzón maléfico y asesino jamás podrá vencer a un cholo armado con la verdad”. Y luego agrega que su cholo sano y sagrado “no se corre, no se esconde en algún país para esconder sus crímenes”. Pero en lugar de decir esa suerte de galimatías, ella o Toledo, deberían de dejar ese tipo de ataques en las redes sociales y salir a decir la verdad, puesto que su proceder lo único que demuestra es que ambos son los que se esconden, negando que tenían pleno conocimiento de cuál era la casa que ellos querían y no la octogenaria Eva Rose Fernenbug, quien ni siquiera vendrá al Perú.

Pero dejando tranquila a Karp, pasemos al punto más importante de este affaire, y ello pasa por la situación política de un ex presidente y líder de Perú Posible, donde militan miles de hombres y mujeres, quienes ya mismo deberían demostrar mayor sensatez procediendo a realizar una fuerte autocrítica, sin dejarse llevar de la nariz por un jefe de partido cuestionadísimo y mentiroso. Algunos dirán que esa autocrítica no es viable con un Alejandro Toledo encima de sus cabezas. No obstante, las consecuencias son también graves y he aquí el precio caro que tendrán que pagar los peruposibilistas, colectividad caudillista que en realidad no cuenta con líderes nacionales de recambio, no tiene cuadros juveniles y tampoco bases éticamente formadas, solo prestas a decir “chíseñó”.

En suma, las evidencias saltan a la vista; la pareja explosiva Toledo – Karp llegó a la política para enriquecerse, para mejorar su ya aparente estándar de vida, para sofisticar sus remilgos cosmopolitas y la sensualidad del poder. Por eso hay que recordar un viejo dicho que reza: “dime con quién andas y te diré quién eres”. Para muestra basta un botón, o dos: ayer, las relaciones de Toledo con Georges Soros; y ahora nuevamente aparece en la sombra Yosef Maiman.

En medio de esto, el líder “chakano” hizo un show mediático en la Comisión de Fiscalización presidida por Gustavo Rondón, y tanto peor cuando procedió a salir del Palacio Legislativo en camioneta 4 x 4, sacando medio cuerpo por el sun-roof del vehículo, con ramo de flores en mano y repartiendo besos a diestra y siniestra de su portátil. Es decir todo fue una burla, no solo para el Congreso sino también para el país.

Preocupación de Pérez de Cuéllar por Rafael Romero

Rafael Romero

Qué curioso que en el mismo día en que el Canal 4, América de Televisión, celebraba los 20 años de uno sus noticieros, el embajador Javier Pérez de Cuéllar expresara en un discurso pronunciado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que no está bien que los medios de comunicación se excedieran en la presentación de las noticias donde menores de edad o mujeres son víctimas de la violencia en las más diversas formas. Es más, el ex secretario general de las Naciones Unidas sostuvo que al ver los noticieros le hacían que se pregunte en qué país realmente estaba, ya que todo era muerte y horror.
Y no le falta razón, pues para nadie es un secreto −ni mucho menos algo imposible de comprender− que en la medida en que un canal de televisión exponga más sangre, accidentes, velorios, delitos, secuestros, feminicidios o filicidios en su pantalla, serán los niños los más afectados debido a las escenas de hechos criminales o dolorosos. Obviamente que los noticieros que recurren a ese amarillismo, bajo la fórmula de sexo, sangre y morbo, lo único que van a conseguir es que la gente se vuelva insensible y comience a repetir en su vida los casos de muerte que conoce a través de la televisión.
Un niño que observa constantemente cuchillos ensangrentados a las 6:30 de la mañana, o que mira mujeres golpeadas, con los pómulos hinchados y heridas punzocortantes por todo el cuerpo, la verdad es que recibe un impacto de imágenes tan graves que con el tiempo le van a pasar una factura muy cara frente a su salud mental. Y peor cuando esas mismas imágenes truculentas e ilegales son reiteradas con lujo de detalles en los demás programas del mismo canal y restregadas en los ojos del televidente. Así, al crecer en este ambiente, los infantes y adolescentes verán a la violencia como si fuera algo natural, ya que la televisión es un instrumento poderoso de alienación y emulación.
Es en este marco, vale decir en medio de la firma de un convenio entre la MML y la ANAR (Fundación Ayuda para Niños y Adolescentes), en que esta organización presidida honoríficamente por Don Javier Pérez de Cuéllar, debería invitar a otras autoridades a sumar esfuerzos en la promoción del número telefónico, el 0800-22210, para salvar a niños y adolescentes de las fauces de las drogas, el bullying, la violencia familiar y el abuso sexual, sin perder de vista que el objetivo supremo es buscar el bienestar de la niñez y de los adolescentes. Esperemos que Palacio de Gobierno también haga suya la preocupación del doctor Pérez de Cuéllar, quien aboga por una mejor televisión y sin noticieros sangrientos.