Rafael Romero
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Sucede que en el año 1997, en medio de una persecución política y
judicial contra el ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, aparece la familia
Mendoza, vinculada estrechamente al entonces ministro Domingo Palermo, y muy
interesados en que RBC Televisión (Canal 11) les alquile la señal. La presión
era tan fuerte al punto que, el padre de Ricardo, Don Augusto Belmont Bar (de
83 años), se vio compelido a aceptarlos como inquilinos al ver a su hijo
perseguido, tratando de aliviar así el peso que representaba defender al
fundador de Habla el Pueblo y a la vez atender los asuntos del Canal
victoriano. Hoy recién se tiene clara la fotografía de ese momento.
Los inquilinos aparecieron bajo el nombre de la empresa Austral. Corrían
los meses y los años hasta que al caer Fujimori y Montesimos algo pasó, y
Austral comenzó a tener problemas de pago acumulándose una merced conductiva no
cancelada a RBC TV que superó US$ 1’853,000, por lo que el propietario recurrió
a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, tal como lo contemplaba el
contrato de alquiler. Canal 11 ganó el arbitraje, cuyo fallo tiene la calidad
de cosa juzgada, sin embargo los inquilinos, es decir la familia Mendoza,
orquestaron desde Arequipa una acción de amparo el año 2001.
¿Y quién interpuso ese amparo? Era un tercero, de nombre Crasa, con quien
RBC nunca contrató ni conocía. Lo curioso es que entre los dueños de Crasa
estaban algunos miembros de la misma familia Mendoza. Ahora, como todo amparo
así sea denegado en instancia judicial sigue subiendo hasta el Tribunal
Constitucional, más aún cuando Lourdes Mendoza era entonces la segunda
vicepresidenta de la República, el colegiado admitió el recurso. Pero, pese al
poder económico y a las influencias políticas sobre el TC, los demandados (CCL,
MTC y RBC televisión) cumplieron con la trilateral que dictaba la sentencia,
quedando afuera las pretensiones de Austral. No obstante hoy el 10° Juzgado
Civil de Arequipa demora el caso y no lo archiva. ¿A esto se le llama seguridad
jurídica?
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