Rafael Romero
Si se habla de la deuda interna del Perú, no hay que discriminar a los expropiados de la denominada reforma agraria, decisión política que fue arbitraria y ejecutada manu militari por el dictador Juan Velasco Alvarado. El Estado debe y tiene que honrar esta deuda, generada a partir de un despojo que hasta el día de hoy no ha sido realmente justipreciado ni indemnizado.
Pero, ¿cómo hacerlo? Parafraseando a Haya de la Torre: He ahí la gran cuestión. En este caso, que tiene tantos años de embrollo, se debe ir paso por paso a fin de que prime el estado de derecho y la seguridad jurídica. Sabemos que la mayoría de hacendados de finales de los años sesenta ya fallecieron a la fecha, y ahora son sus herederos los que quieren justicia.
En tal sentido, a los todavía sobrevivientes o a los causahabientes, que se vieron afectados directamente por el úcase velasquista, se les debe indemnizar sin demora, para lo cual el Tribunal Constitucional tiene que precisar el mecanismo que defina el monto a pagar.
Cabe recordar en este largo camino, el hecho por el cual se afirma que un grupo de funcionarios del MEF, coludidos con políticos oportunistas, buscó a inicios de los años noventa y a finales de la última década del siglo pasado concretar un lobby, sobre la base de la información privilegiada que manejaban, procediendo con triquiñuelas a asustar y desanimar a algunos expropiados de la reforma agraria con el objetivo de que vendieran a precio vil sus bonos a los especuladores nacionales y extranjeros. Lo paradójico es que hoy, y con acierto, es el propio Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, quien le enmienda la plana a esos otrora tecnócratas y lobistas, al señalar que un pago general sería “muy delicado”, pues haría peligrar el equilibrio presupuestal del país.
Cabe recordar en este largo camino, el hecho por el cual se afirma que un grupo de funcionarios del MEF, coludidos con políticos oportunistas, buscó a inicios de los años noventa y a finales de la última década del siglo pasado concretar un lobby, sobre la base de la información privilegiada que manejaban, procediendo con triquiñuelas a asustar y desanimar a algunos expropiados de la reforma agraria con el objetivo de que vendieran a precio vil sus bonos a los especuladores nacionales y extranjeros. Lo paradójico es que hoy, y con acierto, es el propio Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, quien le enmienda la plana a esos otrora tecnócratas y lobistas, al señalar que un pago general sería “muy delicado”, pues haría peligrar el equilibrio presupuestal del país.
En consecuencia, Castilla le reclama ponderación al TC, tal como lo hiciera hace unos días el propio jefe de Estado. Y si bien el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ya se reunió cordialmente con el titular del TC, Óscar Urviola, para limar cualquiera mala interpretación, hoy esta magistratura constitucional considera que podría ayudar a actualizar el valor de esos bonos; pero al final se necesitará del concurso de todos para priorizar la cancelación de la deuda en función de la disponibilidad de la caja fiscal, comenzando a honrarse el pago a los originarios tenedores de bonos o sus herederos. Esto no puede esperar más porque no es justo ni legal tanto retraso.
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